La inflación acumuló 16,1% durante el primer trimestre y fue la más alta en tres décadas. Las medidas oficiales apuntan a contener la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos. Buscarán gravar a las empresas con ganancias superiores a $1.000 millones.
Preocupado por el avance de la inflación, que en el primer trimestre fue de 16,1%, la más alta en tres décadas, el Gobierno dio a conocer ayer medidas para “proteger” el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. En concreto, el paquete incluye un bono de $18.000 que cobrarán en mayo y junio trabajadores informales, monotributistas, trabajadoras de casas particulares, jubilados y pensionados. A la par, buscarán gravar a las empresas con ganancias netas superiores a $1.000 millones para obtener financiamiento.
El anuncio estuvo a cargo del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía, Martín Guzmán, a través de una conferencia en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en donde además se expusieron los principales “criterios” del proyecto de ley para gravar la “renta inesperada” que percibieron algunas empresas con la suba de precios ante el conflicto bélico en Ucrania. La normativa sería enviada en los próximos meses al Congreso.
También estuvieron presentes, entre otros, los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Unión Industrial Argentina (UIA) que forman parte del diálogo tripartito para “anclar expectativas” que promueve el Gobierno. Los mismos formarán parte de las consultas para el nuevo gravamen que impulsará el oficialismo.
Transferencias
Durante la tarde, antes de que se dieran a conocer las medidas, Guzmán estuvo reunido con sus pares de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, para ajustar los detalles del anuncio. El titular del Palacio de Hacienda también aclaró que las transferencias están enmarcadas “dentro del programa económico que el Gobierno lleva adelante” con el FMI y confirmó que “las metas del primer trimestre se han cumplido”. En base a cálculos del Ministerio de Economía, el costo total sería de $200.000 millones, es decir, cerca del 0,3% del PBI.
En cuanto a los detalles de los bonos a cobrar, hay cuatro sectores apuntados. El primero son los trabajadores informales, cuyo ingreso cayó 7,1% en 2021 y casi 32% desde 2016 en base a datos del Indec, que cobrarán un bono de $18.000 en dos cuotas de $9.000 a pagarse en mayo y junio. El mismo mecanismo se utilizará para los monotributistas de las categorías A y B y trabajadoras de casas particulares.
Por su parte, jubilados y pensionados recibirán un bono de $12.000, en un único pago, para quienes perciban un haber mensual menor a 2 jubilaciones mínimas. Se agrega al bono anterior otorgado de $6.000, que comenzó a pagarse este lunes. Así, se totaliza un ingreso extra de $18.000, igual que los sectores mencionados anteriormente.
Desde el Gobierno quieren evitar que estas transferencias sean comparadas con el Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), de $10.000, que se pagó a casi 9 millones de personas durante la peor parte de la pandemia en 2020. Descontando la inflación, los $18.000 actuales son 17,4% menores a aquella transferencia extraordinaria.
Renta extraordinaria
Tanto el Presidente como el ministro de Economía hicieron eje en el impacto que está teniendo la guerra en Ucrania en la economía local con la aceleración de los precios de las materias primas, sobre todo en alimentos que acumularon una suba del 20,9% en el primer trimestre del año. En ese marco, convocarán a las fuerzas laborales, productivas y políticas para generar “un mecanismo que permita capturar la renta inesperada”.
Según explicó Guzmán, el universo se enfocará en el conjunto de empresas que tenga ganancias netas imponibles altas superiores a los $1.000 millones en el año, “que en 2021 fue sólo el 3,2% de las compañías”. Además, se incluirá un criterio que establece que, si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión productiva, el monto de la contribución será menor.
