Un juez de Ibagué – Colombia – acaba de ordenarle a un ciudadano despublicar y retractarse de inmediato por un video que se hizo viral en redes en el que acusaba a dos hospitales y a una EPS de infectar con covid-19 a su madre para cobrar por servicios.
En un video de 4 minutos y 45 segundos, se asegura que la mujer llegó a Medellín, trasladada desde Ibagué, para ser atendida por un cáncer de páncreas, y que, además del covid, estaban alistando la aplicación de la eutanasia con fines económicos.
La supuesta denuncia, que hablaba de un ‘falso positivo’ para cobrar el dinero que el Gobierno reconoce por la atención a infectados por covid, generó 11 millones de visitas.
La EPS Salud Total, la Clínica Nuestra Ibagué y el hospital Pablo Tobón (Medellín) tutelaron su derecho al buen nombre.
No basta con borrar
El Juzgado 9.º Civil Municipal de Ibagué negó el recurso, porque el video se retiró voluntariamente. Pero la decisión fue impugnada bajo la tesis de que el daño causado por la viralización solo podría resarcirse con una rectificación explícita.
“La autoría y difusión del video, además de vulnerar la honra y el buen nombre, ocasiona pánico en la comunidad, pudiéndose propiciar vías de hecho (…), tal como lo advierten comentarios al video, de desconfianza e incitación a la violencia”, dice la impugnación.
El 6 de agosto, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué les dio la razón y recordó que acusar sin fundamento a alguien de un delito – en este caso homicidio y concierto para delinquir – afecta de manera grave la imagen y la reputación.
«La autoría y difusión del video, además de vulnerar la honra y el buen nombre de la accionante, ocasiona pánico en la comunidad, no solo ibaguereña sino del país»
El autor del video dijo que el asunto se solucionó y que el video fue despublicado. Pero no se pronunciaron sobre la orden de rectificar.
Y en Salud Total aseguraron que la paciente superó el covid y fue dada de alta. Sobre el fallo, indicaron que “es un precedente, pues reivindica su buen nombre y conducta”.
Expertos consultados señalaron que lo clave de un fallo de esta naturaleza está en la responsabilidad que les cabe a los ciudadanos sobre el contenido que divulgan y que no se puede escudar en la libertad de expresión.
“Todos lo que se sube a las redes tiene impacto en el mundo real. La retractación evita el proceso por injuria, pero tiene que ser explícita”, advirtió el penalista Jacques Simhon.
